Organizaciones sociales
solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que
garantice el cumplimiento de los derechos humanos
12 de mayo de 2020. Hoy numerosas organizaciones sociales en
defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias unas
“Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones
dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones
que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en
las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque
hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en
que se haría el desconfinamiento, todavía
no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los
centros penitenciarios”.
Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico
o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”.
A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera
efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración
penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No
obstante, insisten en que es necesario la “ampliación
de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”.
Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a
conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en
régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años,
mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas
enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas
organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas
cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento
así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su
condena”.
Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el
proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades
de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben
comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que
cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la
reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden
en que es especialmente importante “recuperar
el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de
adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas,
concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas
programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en
general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”
Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las
organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas
próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias
acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es
imprescindible que se elabore y ejecute un plan
para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”.
Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual
solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya
demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y
que “se autorice a familiares y personas
allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios
y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar
que sean sancionadas”.
Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas
no han podido participar en actividades y programas de tratamiento,
asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un
sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el
porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos
frente a la Covid-19”.
Organizaciones
firmantes
Altsasu Gurasoak,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
C.A.M.P.A (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
Centre Irídia,
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
Comision Legal Sol,
Etxerat,
Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la
Universidad de Barcelona,
Oteando,
Red Jurídica,
Salhaketa Araba,
Salhaketa Bizkaia,
Salhaketa Nafarroa,
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.
Para consultar la propuesta completa aquí: http://www.salhaketa-nafarroa.com/wp-content/uploads/2020/05/PROPUESTA-PLAN-DE-DESESCALADA-A-LA-SGIP.pdf
