Desde ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza) mostramos nuestro desacuerdo con la firma, en el día de hoy, del “convenio de colaboración para poder dar asistencia jurídica a las particulares y comunidades de propietarios afectados por la okupación ilegal de inmuebles”, entre el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
Pese a que nada se ha dicho al
respecto, se debe informar que tanto esta asociación como decenas de compañeros
y compañeras, abogadas y abogados, que
pertenecen al ReICAZ al tener conocimiento de la posibilidad de firma del
precitado convenio, han venido mostrando su rechazo expreso a la posibilidad de
firma, remitiendo al Decano y a la Junta de Gobierno de este Colegio, una carta
en los siguientes términos:
“Estimado Compañero y Decano:
Los y las abajo firmantes, compañeros y compañeras del colegio de Zaragoza, queremos mostrarte nuestra preocupación sobre la noticia publicada en los medios en relación con la posible firma de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para el “asesoramiento a propietarios de bienes inmuebles que hayan sido objeto de ocupación por terceras personas”.
Entendemos que dicha propuesta no obedece a ninguna necesidad social, y sí a una maniobra política, gestada por un grupo político de ultraderecha, que pretende ganar protagonismo social a costa de nuestro Colegio. En consecuencia, te pedimos que traslades a la Junta nuestra oposición a la firma del convenio.
En relación con el problema de la ocupación y las necesidades que podrían implicar a nuestro colegio, te indico que las ocupaciones de viviendas no abandonadas (primeras y segundas) están todas protegidas por el delito de allanamiento de morada, respecto del cual existe la protección que otorga el sistema de justicia gratuita, por lo que los problemas jurídicos que se generan en torno a este problema suelen tener que ver con viviendas vacías de titularidad de grandes propietarios inmobiliarios, tales como bancos, fondos buitre, etc…
Dichos grandes propietarios disponen de medios jurídicos más que suficientes, por lo que no necesitan de ningún asesoramiento gratuito por nuestro colegio. En todo caso, sí podría ser deseable que dicho convenio se realizase para la protección de los ciudadanos y ciudadanas frente a los grandes propietarios de vivienda, que tienen una posición dominante y de poder en el mercado inmobiliario, lo que provoca no pocos abusos respecto de la ciudadanía socialmente desfavorecida.
Como juristas es nuestro deber proteger el Derecho a la vivienda de forma universal, y trabajar desde el ámbito público para garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas. La mercantilización de la vivienda y los intereses económicos que conlleva debe quedar reservado y limitado única y exclusivamente al ámbito privado.
En consecuencia, te pedimos que traslades a la Junta de Gobierno nuestra oposición a la firma del mencionado convenio.”
Sin embargo se ha hecho caso omiso a la oposición de estos abogados y abogadas del ReiCAZ y se ha procedido a la firma de este convenio, sin ni siquiera abrir un espacio para el debate consensuado entre los colegiados y colegiadas.
Se ha procedido a firmar un convenio innecesario que fomenta la alarma social y que no atiende a las verdaderas víctimas del conflicto social en torno a la vivienda: aquellos ciudadanos y ciudadanas más vulnerables frente a los grandes propietarios de vivienda, que tienen una posición dominante y de poder en el mercado inmobiliario.
En Zaragoza, a 23 de diciembre de 2020
-ALAZ-
