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martes, 14 de julio de 2020

#VocesContraLaTortura





No podréis silenciar que en las cárceles se tortura”

Desde Alaz nos sumamos a la campaña #VocesContraLaTortura: 


Comunicado: 

"En las cárceles del Estado español se tortura, se maltrata y se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones.

Esta afirmación ha sido constatada por diferentes instituciones a nivel estatal e internacional como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)1 , el Defensor del Pueblo -que en sus últimos informes alerta sobre los casos de suicidios dentro de la cárcel2- o las condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español3.

Se trata de una realidad que está siendo documentada por distintos colectivos e individualidades que acompañan y visitan a personas presas con el objetivo de hacer de enlace entre instituciones privativas de libertad (cárceles, CIEs o comisarías) y la sociedad. Siempre que ellas quieran se denuncia cualquier situación de malos tratos y torturas: judicialmente, comunicándolo a las instituciones pertinentes o haciendo públicos sus casos.

Sin embargo, al mismo tiempo que la tortura dentro de espacios privativos de libertad está muy lejos de desaparecer, en los últimos años están creciendo las denuncias y querellas contra quienes defienden los derechos de las personas privadas de libertad. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de Instituciones Penitenciarias y sindicatos de funcionarios de prisiones están tratando de acallar a quienes tratan de visibilizar las distintas realidades que sufren muchas personas bajo custodia.

Esta situación se cristaliza en ejemplos como los procedimientos judiciales penales contra Iñaki Rivera (Universidad UAB y Director SIRECOVI y Observatori DDHH) y Lorena Ruiz (Asociación Libre Abogadas Madrid), quienes han recibido querellas por el mero hecho de denunciar públicamente que en el Estado español se producen torturas. De la misma manera que Idrissa Gueyé (presidente de la asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) que tras presentar un dossier con testimonios de víctimas de abusos policiales ha sido denunciado por injurias y calumnias. Además, 47 personas vascas, entre las que se encuentran familiares, abogadas y médicas, fueron condenadas el pasado mes de septiembre por la Audiencia Nacional por prestar su apoyo a presos y presas vascos así como por denunciar situaciones de tortura dentro de prisión.

Creemos que estamos ante una serie de ataques frontales hacia la dignidad de las personas presas mediante un intento de silenciar y criminalizar las redes de solidaridad y de denuncia pública en casos de torturas y malos tratos en los centros de privación de libertad.

Sostenemos que los derechos humanos son algo intrínseco a todas las personas, sea cual sea su situación, y quienes firmamos este comunicado manifestamos nuestra firme decisión de continuar defendiéndolos.

No nos van a disuadir más querellas ni denuncias, con ellas no conseguirán que dejemos de visitar y acompañar a las personas bajo custodia. Siempre que ellas nos lo soliciten, seguiremos denunciando todas aquellas situaciones y conductas que ataquen y vulneren sus derechos humanos.

Por ello, queremos también mostrar nuestro total apoyo a las personas que en este momento están siendo sometidas a procesos judiciales por defender los derechos de personas presas.

Porque en las cárceles se tortura, se maltrata, se producen muertes por sobredosis, suicidios, desatención médica o agresiones."

COMUNICADO FIRMADO POR:

- AISA (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón)
-  ALAZ (Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza)
-  ALTSASUKO GURASOK
-  APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía)
-  C.A.M.P.A. (Colectivo apoyo mujeres presas en Aragón)
-  ETXERAT
-  GRUPO DE DERECHOS CIVILES 15M ZARAGOZA
-  IRÍDIA (Centre per la defensa dels Derts Humans)
-  MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL DE ZUERA
-  OSPDH (Observatori del sistema penal i els Drets Humans)
-  SALHAKETA NAFARROA (Asociación de Apoyo a personas presas, ex-presas y sus familiares)
-  SARE HERRITARRA



1 En el informe emitido en el año 2017 se puede leer que “en las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos en la comisaría de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga”. El informe completo se encuentra disponible en este enlace.

2 Informe disponible en este enlace.

3 Una de las últimas condenas por parte del TEDH ha sido en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal. Información disponible en este enlace.

martes, 12 de mayo de 2020

Plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos


Organizaciones sociales solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos

12 de mayo de 2020. Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas  “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas”.

Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.

Organizaciones firmantes
Altsasu Gurasoak,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
C.A.M.P.A (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
Centre Irídia,
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
Comision Legal Sol,
Etxerat,
Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
Oteando,
Red Jurídica,
Salhaketa Araba,
Salhaketa Bizkaia,
Salhaketa Nafarroa,
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.


lunes, 27 de abril de 2020

Nos oponemos a que se aproveche el estado de alarma para recortar derechos a las personas presas.


     El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto una serie de medidas para mitigar, supuestamente, los efectos que acarreará la paralización de la justicia durante el estado de alarma. En este segundo plan[1] anunciado hace unos días y dirigido a “colectivos vulnerables”, propone en la medida 5.1, con relación a materia penitenciaria lo siguiente:


    "Supresión del recurso de apelación contra determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria resolviendo recursos contra la denegación de permisos y otras quejas, salvo afectación de derechos fundamentales."

 

     La excusa para esta reforma sin precedentes es “permitir concentrar los esfuerzos en medios materiales  y humanos en asuntos de mayor trascendencia, gravedad  y urgencia”. Pues bien, ¿qué son los permisos y las quejas de los que parece que pretenden privar al derecho a recurrir en segunda instancia a las personas presas?



Según la legislación penitenciaria, el permiso tiene como finalidad esencial la preparación para la vida en libertad (art. 47.2  LOGP y art. 154 del RP) .Este objetivo obliga a entender el permiso como un instrumento esencial para hacer efectiva la reeducación y la reinserción social que señala la CE como una de las finalidades de la pena privativa de libertad (art. 25 CE).

Los permisos pueden servir para otros fines tan importantes como el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y de amistades de las personas  presas, para la búsqueda de puestos de trabajo, para acceder a un tercer grado, para el inicio de nuevas relaciones personales, en definitiva, para la atenuación de las consecuencias físicas y emocionales del encierro, y así hacer posible que la persona presa vuelva a ser parte de nuestra sociedad.
Las quejas se pueden interponer por las personas presas cuando consideren que han podido ser vulnerados por la Administración penitenciaria alguno de los derechos que la ley les garantiza. Pueden ser por motivos dispares y de diferente importancia para ellas, tales como que le permitan  la tenencia de un “compact disc”, de unas fotografías enviadas desde el exterior o la tenencia de periódicos en celda, la pérdida o extravío de sus pertenencias en un traslado, la manera de realizar los cacheos integrales y un largo etcétera.

La supresión del recurso de apelación en estos dos supuestos supone una reducción brutal de los derechos de las personas presas y en concreto de su derecho a la tutela judicial efectiva  (art. 24.1 CE) y  en su vertiente de acceso a los recursos y en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). El Tribunal Constitucional ya se pronunció en este sentido en su Sentencia nº 87/2005, de 18 de abril[2], en la que, un preso presentó una demanda de amparo contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Ocaña, el 26 de mayo de 2000, que desestimó la queja del demandante interpuesta y donde seguidamente trató de interponer recurso de apelación, sin embargo  la Audiencia Provincial le devolvió el escrito porque entendió que no era materia susceptible de recurso de apelación. El motivo era la denegación de un permiso extraordinario de salida para contraer matrimonio.
El Tribunal Constitucional estimó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos (art. 24.1 CE) al privarle a esta persona presa del derecho de recurso en segunda instancia.

Se debe tener en cuenta que esta indefensión se agrava por el hecho de que es preceptiva la asistencia letrada para la interposición de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, donde pueden ser beneficiarios de justicia gratuita y en concreto a través de los SOAJPS. (Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitencia). Esta reforma que se plantea por el CGPJ supondría que la mayoría de los recursos sean interpuestos por las personas presas, desgraciadamente sin el conocimiento y sin la formación jurídica necesaria para  su defensa, lo que redundaría en su indefensión. Solo las personas presas que cuenten con medios económicos podrán contratar abogadas para la formulación de sus recursos.

Se pretende justificar asimismo el CGPJ en su propuesta aduciendo que la medida aligerará la carga de trabajo jurisdiccional al sustraer de la posibilidad de apelación un gran número de procedimientos “mecánicos y reiterativos”. Tal y como se ha señalado desde el sector progresista de la judicatura en un reciente comunicado: “Esta consideración implica una concepción burocrática incompatible con la función jurisdiccional en quienes la han pensado, que además desprecia el deber de motivación de las resoluciones judiciales, y atenta contra el núcleo básico de la función jurisdiccional”.[3]

En definitiva, estas medidas, además de constituir un cambio estructural del modelo procesal suponen un ataque brutal a los derechos de las personas presas, quienes ya han visto sus derechos mermados con la entrada en vigor del estado de alarma[4].

Porque los derechos de las personas presas una vez más parece que no son asuntos que precisen de mayor trascendencia, gravedad y urgencia.

Asociación Libre de Abogadas y abogados de Zaragoza (ALAZ).

En Zaragoza, a 27 de abril de 2020.

miércoles, 8 de abril de 2020

Entidades de derechos humanos exigimos que se respeten los #DDHHenPrision

"Decenas de organizaciones denuncian que Instituciones Penitenciarias no ha adoptado las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa 

● Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 años de toda Europa.

8 de abril de 2020. 

En un comunicado publicado esta mañana distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa”. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora, advierten desde las distintas organizaciones, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”. 

Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales . 

Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”. 

Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, apuntan que el Síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el DPE una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias “la agilización de las actuaciones para excarcelar (...) al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2” . 

Se trata,  según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, 1 Defensor del Pueblo Español, “el Defensor traslada a las administraciones las preocupaciones de los ciudadanos en la crisis del coronavirus”, 3 de abril de 2020. 

Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Así, critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas . “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros 4 penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”. 

Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”. En este sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es “esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”. 

Por último, solicitan que “se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias” . "

ENLACE DEL COMUNICADO:

https://www.apdha.org/iipp-no-adoptado-recomendaciones-oms-y-consejo-europa/

lunes, 9 de marzo de 2020

LA PRISIÓN NO PUEDE SER UNA CONDENA A MUERTE


LA PRISIÓN NO PUEDE SER UNA CONDENA A MUERTE


En el año 2019 han muerto 194 personas en las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias (sin incluir las cifras de las cárceles catalanas); entre los años 2006 y 2016 fallecieron 2586 personas presas.

Segregar de los sistemas sanitarios generales a la población penitenciaria, endurecer la legislación para dificultar la excarcelación de las personas enfermas que se encuentran en prisión, o mantener los regímenes de aislamiento penitenciario con unas condiciones que agreden la dignidad y los derechos humanos son algunas de las decisiones políticas que mantienen el sistema de ejecución penal en unos niveles de crueldad inasumible, y que inciden en este problema endémico de las muertes bajo custodia.

En ALAZ tenemos asumido el compromiso de tratar de contribuir a que se investiguen de manera eficaz las muertes bajo custodia que tienen lugar en Zaragoza, como medio de desvelar los problemas concretos que inciden en la vulneración del derecho a la salud, a la integridad física, y a la vida de las personas detenidas y presas, y con ese objetivo nos hemos personado en varios de los procedimientos judiciales de los que hemos tenido conocimiento en los últimos tiempos a este respecto.

Las conclusiones que hemos obtenido de la personación en siete procesos judiciales abiertos por casos de muertes bajo custodia sucedidos en los últimos años en Zaragoza evidencia la existencia de deficiencias estructurales que ocasionan entre otros la lesión del derecho fundamental de familiares y allegados/as de las personas fallecidas bajo custodia a una investigación eficaz de lo sucedido, y que muestran la falta de voluntad institucional de poner herramientas eficaces al servicio de la prevención de malos tratos y torturas. Algunos de los principales problemas detectados son la ausencia de investigación suficiente (incumplimiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el derecho a la vida, y la necesidad de agotar las diligencias de investigación pertinentes para aclarar la realidad de lo sucedido), la ausencia de armonización legal de autopsias y exámenes médicos (inadecuación de autopsias a los estándares mínimos de investigación de la muerte súbita señalados en la normativa estatal), carencias en materia de prevención de la tortura (modelos de partes de lesiones a personas privadas de libertad que no se ajustan a los mínimos exigibles), la demora en dar respuesta a la solicitud de personación y exigencia de fianza desproporcionada.

-Una valoración más detallada está disponible en:


La evidencia de las carencias en materia de prevención de la tortura y de investigación eficaz de las denuncias por este tipo de delitos en general en territorio español han sido denunciadas de manera reiterada, entre otros por organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial de las NNUU para la Cuestión de la Tortura, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, lo que convierte en inexcusable la necesidad de reforzar las herramientas y garantías de investigación eficaz entre otros supuestos también en los de fallecimientos ocurridos bajo custodia.

En fecha reciente, en uno de los procedimientos en los que estamos personadas, el pasado mes de enero de 2020 la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado un recurso de apelación interpuesto contra el archivo del procedimiento de investigación. Se trata del caso de un hombre de 37 años que apareció ahorcado en su celda en el mes de enero de 2019 en la prisión de Zuera. Estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide. El Juzgado no había practicado ni una sola diligencia de investigación. 

La Audiencia Provincial razona en el Auto: 

“Queda determinado en las presentes actuaciones por el informe médico forense y por el informe de la Guardia Civil que la causa del fallecimiento del interno, Sr. XXX, en el centro penitenciario de Zuera, fue de etiología suicida, lo que excluye la muerte violenta en el ámbito carcelario. Sin embargo, esta Sala estima que las diligencias solicitadas por al recurrente pretenden completar la investigación para excluir otros ilícitos penales y se estiman procedentes tratándose de una muerte de persona interna en un centro penitenciario, sin perjuicio de lo que de las mismas resulte.”

Por todo lo anterior ALAZ nos sumamos a la denuncia pública que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realiza en el comunicado: “La prisión no puede ser una condena de muerte” https://www.apdha.org/prision-no-puede-ser-condena-a-muerte

ALAZ – Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza
9 de marzo de 2020