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martes, 12 de mayo de 2020

Plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos


Organizaciones sociales solicitan al Ministerio del Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos

12 de mayo de 2020. Hoy numerosas organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos han presentado ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias unas  “Propuestas para la desescalada en el contexto de Covid-19 en las prisiones dependientes de la Administración General del Estado”. Desde las organizaciones que han impulsado este plan de actuación sostienen que “es necesario adoptar medidas para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno a la ‘normalidad’”. Critican que, “aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios”.

Entre las medidas solicitadas se recoge el “mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal con el objetivo de mantener la reducción de la población reclusa”. A este respecto, señalan que “hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados, tanto para la administración penitenciaria como para las personas privadas de libertad y sus familias”. No obstante, insisten en que es necesario la “ampliación de otras medidas para asegurar el refuerzo de cumplimiento en libertad o semilibertad”. Es urgente, apuntan, que de forma generalizada, “se adopten medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliarias para personas en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos/as dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”. Igualmente, recomiendan, al igual que numerosas organizaciones internacionales, que se produzcan “progresiones a terceros grados para aquellas personas con condenas cortas o bien que ya estuvieran disfrutando de permisos antes del confinamiento así como a las personas que ya hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena”.

Por otro lado, también señalan que es imprescindible “reactivar las actividades para iniciar el proceso de normalización de la vida en la prisión”. Tanto las actividades de tratamiento como las formativas o de derivación a recursos externos “deben comenzar a recuperarse en las cárceles por ser éstas actividades las que cumplen con el mandato constitucional de la pena privativa de libertad: la reinserción y resocialización de las personas presas”. En este punto, inciden en que es especialmente importante “recuperar el ritmo legal de celebración de Juntas de Tratamiento y, con ello, de adopción de acuerdos referentes a clasificación de las personas presas, concesión de permisos y salidas programadas”. Así mismo es fundamental “el restablecimiento de los permisos y salidas programadas dada la importancia que tienen dentro del tratamiento en general y para la concesión de más beneficios penitenciarios.”

Respecto a las medidas destinadas a la comunicación, las organizaciones que impulsan esta propuesta solicitan el “mantenimiento de las videollamadas con las familiares y personas próximas de las personas privadas de libertad así como el mantenimiento de las llamadas y de las llamadas extraordinarias acordadas durante el confinamiento”. De igual modo, apuntan que “es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de las visitas de familiares en prisión”. Para poderlo realizar de manera acorde a la situación sanitaria actual solicitan que “se amplíen los días de visita de familiares para evitar que haya demasiadas personas esperando en las entradas de los centros penitenciarios” y que “se autorice a familiares y personas allegadas el desplazamiento para realizar visitas a los centros penitenciarios y que, en todo caso, haya coordinación con los cuerpos policiales para evitar que sean sancionadas”.

Por último, las organizaciones instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que realice un “estudio de medidas para compensar el tiempo en que las personas presas no han podido participar en actividades y programas de tratamiento, asegurando así que la finalidad de la pena privativa de libertad tiene un sentido positivo”. De la misma manera, han solicitado que se lleva a cabo un “estudio de seroprevalencia que estime el porcentaje de personas privadas de libertad que ha desarrollado anticuerpos frente a la Covid-19”.

Organizaciones firmantes
Altsasu Gurasoak,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
C.A.M.P.A (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)
Centre Irídia,
Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense,
Comision Legal Sol,
Etxerat,
Grupo Derechos Civiles 15-M Zaragoza,
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense,
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona,
Oteando,
Red Jurídica,
Salhaketa Araba,
Salhaketa Bizkaia,
Salhaketa Nafarroa,
Sare Herritararra – Red ciudadana Sare.


lunes, 27 de abril de 2020

Nos oponemos a que se aproveche el estado de alarma para recortar derechos a las personas presas.


     El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto una serie de medidas para mitigar, supuestamente, los efectos que acarreará la paralización de la justicia durante el estado de alarma. En este segundo plan[1] anunciado hace unos días y dirigido a “colectivos vulnerables”, propone en la medida 5.1, con relación a materia penitenciaria lo siguiente:


    "Supresión del recurso de apelación contra determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria resolviendo recursos contra la denegación de permisos y otras quejas, salvo afectación de derechos fundamentales."

 

     La excusa para esta reforma sin precedentes es “permitir concentrar los esfuerzos en medios materiales  y humanos en asuntos de mayor trascendencia, gravedad  y urgencia”. Pues bien, ¿qué son los permisos y las quejas de los que parece que pretenden privar al derecho a recurrir en segunda instancia a las personas presas?



Según la legislación penitenciaria, el permiso tiene como finalidad esencial la preparación para la vida en libertad (art. 47.2  LOGP y art. 154 del RP) .Este objetivo obliga a entender el permiso como un instrumento esencial para hacer efectiva la reeducación y la reinserción social que señala la CE como una de las finalidades de la pena privativa de libertad (art. 25 CE).

Los permisos pueden servir para otros fines tan importantes como el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y de amistades de las personas  presas, para la búsqueda de puestos de trabajo, para acceder a un tercer grado, para el inicio de nuevas relaciones personales, en definitiva, para la atenuación de las consecuencias físicas y emocionales del encierro, y así hacer posible que la persona presa vuelva a ser parte de nuestra sociedad.
Las quejas se pueden interponer por las personas presas cuando consideren que han podido ser vulnerados por la Administración penitenciaria alguno de los derechos que la ley les garantiza. Pueden ser por motivos dispares y de diferente importancia para ellas, tales como que le permitan  la tenencia de un “compact disc”, de unas fotografías enviadas desde el exterior o la tenencia de periódicos en celda, la pérdida o extravío de sus pertenencias en un traslado, la manera de realizar los cacheos integrales y un largo etcétera.

La supresión del recurso de apelación en estos dos supuestos supone una reducción brutal de los derechos de las personas presas y en concreto de su derecho a la tutela judicial efectiva  (art. 24.1 CE) y  en su vertiente de acceso a los recursos y en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). El Tribunal Constitucional ya se pronunció en este sentido en su Sentencia nº 87/2005, de 18 de abril[2], en la que, un preso presentó una demanda de amparo contra el Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Ocaña, el 26 de mayo de 2000, que desestimó la queja del demandante interpuesta y donde seguidamente trató de interponer recurso de apelación, sin embargo  la Audiencia Provincial le devolvió el escrito porque entendió que no era materia susceptible de recurso de apelación. El motivo era la denegación de un permiso extraordinario de salida para contraer matrimonio.
El Tribunal Constitucional estimó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo, en su vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos (art. 24.1 CE) al privarle a esta persona presa del derecho de recurso en segunda instancia.

Se debe tener en cuenta que esta indefensión se agrava por el hecho de que es preceptiva la asistencia letrada para la interposición de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial, donde pueden ser beneficiarios de justicia gratuita y en concreto a través de los SOAJPS. (Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitencia). Esta reforma que se plantea por el CGPJ supondría que la mayoría de los recursos sean interpuestos por las personas presas, desgraciadamente sin el conocimiento y sin la formación jurídica necesaria para  su defensa, lo que redundaría en su indefensión. Solo las personas presas que cuenten con medios económicos podrán contratar abogadas para la formulación de sus recursos.

Se pretende justificar asimismo el CGPJ en su propuesta aduciendo que la medida aligerará la carga de trabajo jurisdiccional al sustraer de la posibilidad de apelación un gran número de procedimientos “mecánicos y reiterativos”. Tal y como se ha señalado desde el sector progresista de la judicatura en un reciente comunicado: “Esta consideración implica una concepción burocrática incompatible con la función jurisdiccional en quienes la han pensado, que además desprecia el deber de motivación de las resoluciones judiciales, y atenta contra el núcleo básico de la función jurisdiccional”.[3]

En definitiva, estas medidas, además de constituir un cambio estructural del modelo procesal suponen un ataque brutal a los derechos de las personas presas, quienes ya han visto sus derechos mermados con la entrada en vigor del estado de alarma[4].

Porque los derechos de las personas presas una vez más parece que no son asuntos que precisen de mayor trascendencia, gravedad y urgencia.

Asociación Libre de Abogadas y abogados de Zaragoza (ALAZ).

En Zaragoza, a 27 de abril de 2020.

miércoles, 8 de abril de 2020

Entidades de derechos humanos exigimos que se respeten los #DDHHenPrision

"Decenas de organizaciones denuncian que Instituciones Penitenciarias no ha adoptado las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa 

● Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español se encuentra entre los países con la cifra más elevada de personas presas mayores de 65 años de toda Europa.

8 de abril de 2020. 

En un comunicado publicado esta mañana distintas organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) “aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa”. Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presas, hasta ahora, advierten desde las distintas organizaciones, “la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP, como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo”. 

Por otra parte, recuerdan que la semana pasada el Defensor del Pueblo Español (DPE) emitió un comunicado en el que recomendaba al Ministerio del Interior “llevar a cabo una evaluación permanente de las medidas adoptadas hasta el momento y su modulación” en relación con las recomendaciones emitidas por los organismo internacionales . 

Sin embargo, aunque estas organizaciones celebran que después de haber presentado varias quejas “por fin se haya pronunciado el DPE sobre la situación en las prisiones”, consideran que las recomendaciones emitidas son “muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa”. 

Así, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, apuntan que el Síndic de Greuges catalán emitió el mismo día que el DPE una declaración pública en la que recomendaba a las instituciones penitenciarias “la agilización de las actuaciones para excarcelar (...) al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2” . 

Se trata,  según las organizaciones que firman el comunicado, “de una declaración mucho más acorde con los estándares y recomendaciones realizadas por la OMS y el Consejo de Europa”. En este sentido, recuerdan que el Estado español es, según los últimos datos del Consejo de Europa, 1 Defensor del Pueblo Español, “el Defensor traslada a las administraciones las preocupaciones de los ciudadanos en la crisis del coronavirus”, 3 de abril de 2020. 

Sin embargo, tal y como denuncian, “Instituciones Penitenciarias ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones”. En este sentido, además del escaso uso que se ha realizado de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario -en sus artículos 100.2 y 86.4-, denuncian que “apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Así, critican que en esta materia la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas . “En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros 4 penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”. 

Por todo ello, las organizaciones insisten en que es necesario “adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”. En este sentido, tal y como solicitaron al Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo, es “esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria”. 

Por último, solicitan que “se deben garantizar de forma efectiva canales alternativos de comunicación entre las personas presas y sus familias” . "

ENLACE DEL COMUNICADO:

https://www.apdha.org/iipp-no-adoptado-recomendaciones-oms-y-consejo-europa/

lunes, 9 de marzo de 2020

LA PRISIÓN NO PUEDE SER UNA CONDENA A MUERTE


LA PRISIÓN NO PUEDE SER UNA CONDENA A MUERTE


En el año 2019 han muerto 194 personas en las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias (sin incluir las cifras de las cárceles catalanas); entre los años 2006 y 2016 fallecieron 2586 personas presas.

Segregar de los sistemas sanitarios generales a la población penitenciaria, endurecer la legislación para dificultar la excarcelación de las personas enfermas que se encuentran en prisión, o mantener los regímenes de aislamiento penitenciario con unas condiciones que agreden la dignidad y los derechos humanos son algunas de las decisiones políticas que mantienen el sistema de ejecución penal en unos niveles de crueldad inasumible, y que inciden en este problema endémico de las muertes bajo custodia.

En ALAZ tenemos asumido el compromiso de tratar de contribuir a que se investiguen de manera eficaz las muertes bajo custodia que tienen lugar en Zaragoza, como medio de desvelar los problemas concretos que inciden en la vulneración del derecho a la salud, a la integridad física, y a la vida de las personas detenidas y presas, y con ese objetivo nos hemos personado en varios de los procedimientos judiciales de los que hemos tenido conocimiento en los últimos tiempos a este respecto.

Las conclusiones que hemos obtenido de la personación en siete procesos judiciales abiertos por casos de muertes bajo custodia sucedidos en los últimos años en Zaragoza evidencia la existencia de deficiencias estructurales que ocasionan entre otros la lesión del derecho fundamental de familiares y allegados/as de las personas fallecidas bajo custodia a una investigación eficaz de lo sucedido, y que muestran la falta de voluntad institucional de poner herramientas eficaces al servicio de la prevención de malos tratos y torturas. Algunos de los principales problemas detectados son la ausencia de investigación suficiente (incumplimiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el derecho a la vida, y la necesidad de agotar las diligencias de investigación pertinentes para aclarar la realidad de lo sucedido), la ausencia de armonización legal de autopsias y exámenes médicos (inadecuación de autopsias a los estándares mínimos de investigación de la muerte súbita señalados en la normativa estatal), carencias en materia de prevención de la tortura (modelos de partes de lesiones a personas privadas de libertad que no se ajustan a los mínimos exigibles), la demora en dar respuesta a la solicitud de personación y exigencia de fianza desproporcionada.

-Una valoración más detallada está disponible en:


La evidencia de las carencias en materia de prevención de la tortura y de investigación eficaz de las denuncias por este tipo de delitos en general en territorio español han sido denunciadas de manera reiterada, entre otros por organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial de las NNUU para la Cuestión de la Tortura, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, lo que convierte en inexcusable la necesidad de reforzar las herramientas y garantías de investigación eficaz entre otros supuestos también en los de fallecimientos ocurridos bajo custodia.

En fecha reciente, en uno de los procedimientos en los que estamos personadas, el pasado mes de enero de 2020 la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado un recurso de apelación interpuesto contra el archivo del procedimiento de investigación. Se trata del caso de un hombre de 37 años que apareció ahorcado en su celda en el mes de enero de 2019 en la prisión de Zuera. Estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide. El Juzgado no había practicado ni una sola diligencia de investigación. 

La Audiencia Provincial razona en el Auto: 

“Queda determinado en las presentes actuaciones por el informe médico forense y por el informe de la Guardia Civil que la causa del fallecimiento del interno, Sr. XXX, en el centro penitenciario de Zuera, fue de etiología suicida, lo que excluye la muerte violenta en el ámbito carcelario. Sin embargo, esta Sala estima que las diligencias solicitadas por al recurrente pretenden completar la investigación para excluir otros ilícitos penales y se estiman procedentes tratándose de una muerte de persona interna en un centro penitenciario, sin perjuicio de lo que de las mismas resulte.”

Por todo lo anterior ALAZ nos sumamos a la denuncia pública que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realiza en el comunicado: “La prisión no puede ser una condena de muerte” https://www.apdha.org/prision-no-puede-ser-condena-a-muerte

ALAZ – Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza
9 de marzo de 2020

jueves, 24 de octubre de 2019

COMUNICADO ALAZ EN DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA Y ACTOS EN DEFENSA DE LOS DDHH


EN DEFENSA DEL DERECHO A LA PROTESTA

Agresiones al derecho a la libertad de opinión y expresión en la ciudad de Zaragoza.

Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza – 24/10/2019

.- En los últimos tiempos se ha constatado una inercia de ejercicio abusivo del poder hacia la criminalización de la protesta que ataca los cimientos, fundamentos y “núcleo duro” del ordenamiento jurídico, de la Constitución Española, en el sentido de afectar a los derechos que gozan de mayor protección jurídica en la Carta Magna.

.- Esta semana hemos conocido la prohibición decretada desde el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza respecto de la celebración de la “Jornada sobre Lawfare y Derechos Fundamentales” prevista para el próximo día 30/10/2019 en esta Facultad, con la intervención prevista de un catedrático de derecho penal de la Universidad Carlos III de Madrid, un abogado del Colegio de Madrid, miembros del Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona y de colectivos sociales de Zaragoza – y con el título “Criminalización y Derechos Fundamentales”.

El objeto de la jornada es debatir sobre la libertad de expresión, criminalización de la protesta y racismo institucional, con ocasión de procedimientos penales abiertos contra activistas defensores de los derechos humanos. Los motivos formalmente aducidos para denegar el espacio para la celebración de esta actividad en la Facultad de Derecho tienen que ver con tener lugar el mismo durante el período electoral, si bien resulta incontestable que el contenido de la jornada en cuestión tiene que ver con derechos constitucionales y no con materias en disputa por los diferentes partidos políticos, produciéndose como añadido un perjuicio en el alumnado de la Universidad al verse privado de las perspectivas enriquecedoras que iban a poder plasmarse en tal debate.

Consideramos que esta restricción es injusta, ilegal y constitutiva de una censura previa prohibida por la Constitución Española.

.- Contamos en Zaragoza con un ejemplo reciente resuelto por los tribunales, con clara analogía y razonamientos jurídicos aplicables, el relativo a la organización de una charla-debate en el Centro Cívico Delicias por la entidad “Mayores Indignados” prevista para el 23/09/2017, cuya celebración en tal espacio fue suspendida a solicitud del Grupo parlamentario del Partido Popular.

El asunto fue finalmente resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón –Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia 58/2018 de 14 de febrero de 2018)- dando la razón a las personas organizadoras con base en evitar incurrir en “una censura previa proscrita por el art. 20.2 de la Constitución”, y estableciendo que “en la valoración de los intereses en conflicto son más prevalentes el ejercicio de los derechos constitucionales citados”. Se determinó por el Tribunal que la celebración del debate entraba dentro del ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20 y 21 de la CE –derecho a la libertad de expresión y derecho de reunión-, por lo que se declaró nula la resolución que suspendió aquella charla. Lamentablemente, la decisión judicial llegó cuando los plazos procesales lo permitieron, y cuando el Grupo del Partido Popular –solicitante de la medida cautelar- ya había conseguido restringir de manera efectiva la celebración del acto en el local solicitado; en consecuencia, se impidió a las personas afectadas el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión. -Acaso convenga advertir, con más motivo en estos tiempos de interpretación extensiva del derecho penal y populismo punitivo, fenómenos que consideramos del todo indeseables, de las conductas perseguidas en los artículos 538 y 542 del Código Penal, que establecen: “La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa (…) incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis a diez años”, y “pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”-.

.- Hemos mencionado al comienzo de este comunicado la constatación en los últimos tiempos de una inercia de ejercicio abusivo del poder hacia la criminalización de la protesta, debido a que los ejemplos citados se une a otros casos de lesiones en los derechos de libertad de opinión y expresión –así como en los derechos a la reunión pacífica, y manifestación, íntimamente vinculados- acontecidos en la ciudad de Zaragoza en los últimos años, como son el procedimiento penal abierto por injurias y calumnias contra el portavoz de la Asociación de Senegaleses en Aragón -acusado de haber emitido críticas públicamente a determinadas prácticas policiales, en lo que supone una persecución judicial desproporcionada y “desincentivadora” del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión-, el procedimiento penal abierto contra el profesor Aramayona por manifestarse en defensa de la educación pública, la prohibición de concentración el 18 de enero de 2014 con motivo de las convocatorias de movilización popular en apoyo a “Gamonal” y las actuaciones de las FSE durante el día anterior 17 de enero –cuando desde la Delegación del Gobierno en Aragón se emitió un comunicado de justificación de las actuaciones policiales descritas, en que se calificaba como “ilegales” las manifestaciones que tuvieron lugar tanto en el día 17 de enero como al día siguiente, mensaje que fue amplificado desde alguno de los medios de comunicación de mayor tirada en la comunidad autónoma, propagándose el mensaje equívoco de que el ejercicio de un derecho fundamental pueda estar sometido a autorización administrativa-, o las aperturas de expedientes sancionadores con motivo de la celebración de concentraciones como la acontecida el día 9 de abril de 2013.

.- La represión de las manifestaciones de ideas u opiniones –incluso aquellas que “chocan, inquietan u ofenden al Estado o a un sector de la sociedad, en términos del TEDH-, la restricción en el ámbito del ejercicio de estos derechos fundamentales sólo puede justificarse cuando tales prohibiciones o injerencias resulten necesarias para salvaguardar los bienes esenciales de la comunidad. Las injerencias en estos derechos son legítimas únicamente de manera muy excepcional, con criterios que han de ser favorables al ejercicio de los derechos fundamentales; en una interpretación delimitada y consolidada –en nuestro ámbito- por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se establece el requisito de legitimidad respecto de las injerencias punitivas, más incontestablemente en su expresión penal, en que se refieran a conductas que inciten a la comisión de delitos, de manera que se incremente realmente el riesgo de su comisión. Las restricciones a los derechos fundamentales aquí descritas no responden a los requisitos legales exigidos.

.- Tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional:

“(…) la libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan "de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor" (STC 110/2000, FJ QUINTO).

"El principio del pluralismo político (artículo 1 CE) se encuentra fuertemente vinculado con el derecho de libertad de expresión del que, como ya hemos puesto de relieve, es manifestación colectiva el derecho de reunión, siendo éste, al igual que la mencionada libertad, un derecho que coadyuva a la formación y existencia de una institución política, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político (...) de forma tal que se convierte en una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, como lo son precisamente los derechos de participación política de los ciudadanos (...) sin comunicación pública libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política" (STC 170/2008 , FJ 4).


 Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza – 24/10/2019


jueves, 18 de julio de 2019

ARCHIVADA LA QUERELLA POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD DEL FRANQUISMO EN ZARAGOZA



            A finales del mes de enero de este año 2019 se presentó en los juzgados de instrucción una querella por crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista en Zaragoza, con objeto de tratar de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia  de las víctimas de tales violaciones graves de los derechos humanos, y poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante el franquismo.
La resolución del Juzgado de Instrucción núm. Ocho de Zaragoza, notificada en el día de hoy 18/07/2019 cuando se cumplen 83 años del golpe militar franquista, por la que se archiva esta querella -con base principalmente en una interpretación de la ley de amnistía y una concepción del principio de legalidad penal incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y desatiende las obligaciones que en este ámbito pesan sobre los poderes públicos, reiteradas incesantemente por los máximos organismos de Naciones Unidas al gobierno de España.
            Lamentablemente, se vuelve a demostrar certero y vigente el diagnóstico sobre la existencia de “una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos –creando- un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”, y que los criterios interpretativos empleados por los tribunales en casos como el presente suponen que “esta combinación de factores es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España” (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, “Observaciones Preliminares del GTDFI al concluir su visita a España”, de 30/09/2013). 
Tal y como declaró en su última visita a España el Relator especial de la ONU para el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de la persecución de los crímenes del franquismo por los poderes públicos en España, las carencias no tienen que ver con el derecho o las herramientas jurídicas para abordar el fenómeno, sino con la voluntad de hacerlo.

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            Muy resumidamente, las razones jurídicas que sostienen la necesidad de investigar los crímenes durante el franquismo se basan en:
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que entró en vigor en España en julio de 1977, -con anterioridad a la Ley de Amnistía- establece que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados –derecho a la vida, a la libertad, a no ser sometido a torturas,…- podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales –artículo 2.3.a)-, y respecto del principio de legalidad y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorable, establece que en nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
La Constitución Española dispone –artículo 96.1- que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. En el artículo 10.2: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, máximo intérprete del PIDCP, ha exigido en su último informe sobre España, de 20/07/2015 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el franquismo:
“El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.
-En el mismo sentido se han pronunciado el Comité contra las desapariciones forzadas, el Comité contra la Tortura, y el anterior Relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición-.
El propio Tribunal Supremo, antes de revisar sus criterios en STS de 27/02/2012 con ocasión del pronunciarse sobre la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, en Sentencia de 1/10/2007 –caso Scilingo-, estableció:
“Las previsiones del Derecho Internacional Penal consuetudinario, las normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenios suscritos por España, concreta y especialmente el CEDH y el PIDCP, deben ser tenidas en cuenta al interpretar y aplicar las normas de derechos interno, de forma que resulte conducente a la efectiva protección de los Derechos Humanos esenciales. Nada impide, por lo tanto, la persecución de hechos que, aun calificados conforme al derecho interno como delitos ordinarios de asesinato y detenciones ilegales, deban ser considerados como crímenes contra la Humanidad conforme al Derecho Internacional Penal”.
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Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza – ALAZ
alazzgz@gmail.com
En Zaragoza, a 18 de julio de 2019