COMUNICADO DE ALAZ:
"Ana Sebastián y Pablo Jiménez, abogada y abogado de Zaragoza, viajaron el pasado 30 de agosto a la ciudad de El Aaiún con el objeto de asistir como observadores jurídicos internacionales al juicio del activista saharahui El Fak Khalihenna, señalado para el 31 de agosto. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún se les impidió descender del avión, siendo conducidos, posteriormente, a Casablanca, desde donde se les ha expulsado a España con fecha de hoy.
Desde hace unos dos años, los letrados, que forman parte de ALAZ (Asociación de abogadas y abogados libres de Aragón), vienen llevando a cabo la misma misión de observación en diversos juicios en nombre del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental. Extrañamente, se esgrime por las autoridades marroquís la ausencia de determinado permiso/aviso al consulado que nunca ha sido necesario para realizar dicho viaje.
Otros letrados y defensores de los derechos humanos ya han sido expulsados anteriormente por Marruecos. En febrero pasado, las abogadas del Colegio de Abogados de París, Ingrid Metton y Olfa Ouled, fueron detenidas, privadas de sus pasaportes y puestas “bajo escolta policial” dentro de la zona internacional del aeropuerto de Casablanca, antes de ser expulsadas del territorio, impidiendo el Estado Marroquí que cumpliesen con su labor de defensa en relación a uno de los acusados en el juicio de Gdeim Izik, igualmente relacionado con el activismo saharahui.
Los dos abogados expulsados hoy han solicitado el amparo del Consejo General de la Abogacía española.
ALAZ denuncia que la expulsión de Sebastián y Jiménez es ilegítima, al igual que las que se vienen produciendo con anterioridad, y que constituye una maniobra de Marruecos para impedir la labor de defensa de los derechos humanos que estos dos compañeros iban a realizar a través de su misión de observación, vulnerando así el derecho de los acusados a un juicio justo, con la debida publicidad y todas las garantías procesales. La actuación del Estado marroquí deja claro el deseo del mismo de que no existan observadores en los juicios contra los activistas saharauis y pone en riesgo evidente la transparencia con la que deberían celebrarse de cara al control de la comunidad internacional.
En Zaragoza, a 31 de agosto de 2018."
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